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jueves, 8 de diciembre de 2011

MOCIÓN PARA LA DENOMINACIÓN DEL CAMPO DE LUCHA DE ARAFO

PARA QUE EL CAMPO DE LUCHA DE ARAFO LLEVE EL NOMBRE DE
 CÉSAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ

                                   
En una apuesta porque las infraestructura municipales lleven el nombre de insignes araferos vinculados al progreso del municipio en sus distintas esferas, consideramos que D. Leovigildo César Rodríguez Rodríguez, más conocido como “Cesar” ha hecho méritos más que suficientes y ampliamente reconocidos por la sociedad arafera en el fomento y protección de nuestro deporte vernáculo, la Lucha Canaria.

Cesar comenzó a luchar junto a su hermano Raúl y amigos de entonces a la edad de catorce años en club de su vida, club que nunca abandono, el Club de Luchas Chimisay de Arafo y se retiró de la práctica activa a los treinta y ocho años de edad. Ha estado toda su vida vinculado al histórico equipo de lucha de nuestro pueblo donde no solo fue luchador destacado, sino que además ejerció de Gran Capitán desde 1957 a 1967 y donde siguió después de su retirada desarrollado las funciones de entrenador de varias generaciones de luchadores araferos. Entendiendo que dentro de la familia de la Lucha Canaria arafera César Rodríguez siempre despertó simpatías y respeto, logrando ser un referente de buena conducta deportiva donde cosecho innumerables éxitos por todos los terreros de Canarias, su ejemplo de deportista y persona sirvió para guiar a los innumerables luchadores que salieron de la cantera arafera.


Por todo ello, proponemos al Pleno que adopte los siguientes, ACUERDO:

ÚNICO.- Que el campo de lucha de Arafo lleve el nombre de D. Leovigildo César Rodríguez Rodríguez. “César Rodríguez”

MOCION POR LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CRISIS ECONÓMICA A NIVEL MUNICIPAL.

POR LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN  DE EVALUACIÓN Y    SEGUIMIENTO DE LA CRISIS ECONÓMICA A NIVEL MUNICIPAL.


El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. Aunque es evidente que un ayuntamiento no es la única institución que debe velar por el cumplimiento de este artículo, desde la administración local se pueden llevar a cabo acciones que nos encaminen hacia su cumplimiento.
La grave crisis económica que estamos padeciendo no puede dejar de ser una preocupación primordial de este Ayuntamiento. A pesar de que las clases populares no son en absoluto las culpables de la situación actual, son ellas las que sufren con mayor virulencia los efectos económicos de la crisis: disminución continua de las prestaciones sociales, mayores obstáculos en el acceso al empleo, problemas para ver satisfecho el derecho a una vivienda, etc. En este contexto social, se necesita una administración local fuerte, que escuche, ayude y promocione a las personas con mayores dificultades para que puedan optar a un futuro mejor.
Es preciso, en este sentido, articular un nuevo espacio en el que todos los grupos representados en la corporación municipal trabajen conjuntamente para estudiar los efectos de la crisis económica y proponer medidas para paliarlos. Experiencias similares se han llevado a cabo en el Parlamento Europeo y desde el Gobierno de España, pero también en diputaciones provinciales y ayuntamientos, y se han convertido en una herramienta válida para mitigar las consecuencias de la crisis. En el caso de este municipio, las cinco formaciones representadas en el consistorio debemos poner todo lo que esté en nuestro alcance para revertir la situación actual.
Como administración más cercana a las personas, el Ayuntamiento debe hacer lo posible por dar respuesta a las dificultades sociales y económicas derivadas de la crisis. Aún teniendo en cuenta que las competencias municipales en materias de empleo y política económica son reducidas, y que la situación económica de la institución no es buena, es necesario aprovechar al máximo el pequeño margen de actuación que existe en el ámbito local para contribuir a aportar soluciones, a hacer un seguimiento efectivo de las consecuencias de la crisis en nuestro municipio, a adoptar medidas en el ámbito de nuestras competencias y a proponer y exigir, en su caso, medidas efectivas al Cabildo Insular, al Ejecutivo de la Comunidad Autónoma y al Gobierno de España.

En función de lo expuesto, Izquierda Unida-Por Tenerife propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Crear una Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Crisis Económica en nuestro municipio, formada por una representación de cada una de las formaciones políticas de esta corporación, y que prevea la posibilidad de contar con la participación, asesoramiento y ayuda de técnicos de la corporación municipal, así como de asociaciones vecinales, organizaciones sindicales, empresariales, etc.
SEGUNDO.- Asignar a dicha Comisión los siguientes fines:
a) Realizar un seguimiento de la evolución del paro en nuestro municipio por sectores, sexo y edad.
b) Controlar la aplicación y resultados de los planes y de las subvenciones, ayudas y prestaciones sociales del Gobierno central, de la Comunidad Autónoma y del Cabildo Insular en materias de empleo, inmigración, vivienda y bienestar social.
c) Conocer los casos en que existan procedimientos judiciales de desahucio de la vivienda habitual por causa de impago de hipoteca o alquileres. Proponer el asesoramiento a los afectados de los servicios municipales y la mediación del Ayuntamiento. Elaborar un informe sobre viviendas vacías, segundas residencias, incentivos fiscales para el alquiler, etc.
d) Estudiar la creación de un fondo de emergencia amplio para los casos de ayudas y necesidades más urgentes. Este fondo podría tener como uno de sus objetivos adelantar ayudas sociales otorgadas por otras administraciones que estén aseguradas pero retrasadas en el  pago.
g) En su caso, conocer y seguir la posible situación de los trabajadores en procedimientos concursales  y/o en Expedientes de Regulación de Empleo, si estos se dan en nuestro municipio.
h) Elevar esta información al Pleno de la Corporación, a las diferentes Comisiones Informativas que pudieran estar relacionadas y a los diferentes Grupos Municipales, así como divulgarla al conjunto de la ciudadanía utilizando los canales a los que tiene acceso la Corporación. 

MOCIÓN PARA EL PROXIMO PLENO SOBRE EL CONTROL MEDIOAMBIENTAL DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DEL VALLE DE GÜÍMAR.

POR EL CONTROL MEDIOAMBIENTAL DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DEL VALLE DE GÜÍMAR.
                                   
Desde hace tiempo los vecinos de Playa de Lima , la Viuda, El Carretón y la Hidalga se vienen quejando respecto a la emisión de humos concentrados desde el polígono que les genera una situación de inseguridad.

Por otro lado se ha publicado el Informe sobre la Calidad del Aire en España en 2010 y en el apartado referido a Canarias, y con los datos que se recogen en una estación ubicada en la Hidalga, se concluye que se han registrado la existencia de partículas en suspensión, ozono troposférico y dióxido de azufre por encima de los límites que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial.
Considerando que el polígono industrial ha crecido sin un diseño claro de tipología industrial, sin mitigación de sus efectos contaminantes, de generación de residuos, de afección al paisaje y al litoral, sin proceder a orientar los usos industriales desde el planeamiento para enfocarlo hacia las nuevas tecnologías y hacia las energías renovables.

Considerando que en la actualidad no existe, ni siquiera en el informe de sostenibilidad ambiental del PGO de Arafo, un censo de industrias, ni existe un diagnóstico de la tipología industrial, sus materias primas, procesos de transformación que utilizan, de los residuos que generan, de la intensidad lumínica y su gasto, etc.

Por todo ello, proponemos al Pleno que adopte los siguientes, ACUERDOS:

PRIMERO.- Aprobar la realización de una auditoría ambiental que recoja un censo de la tipología industrial existente, sus materias primas, procesos de transformación que utilizan, de los residuos que generan y su tratamiento, y que plantee las medidas de control y mitigación de efectos contaminantes, de generación de residuos y de afección al paisaje y al litoral.

SEGUNDO.- Solicitar la colaboración y cooperación del Gobierno de Canarias, del Cabildo Insular de Tenerife, y de los Ayuntamientos de Candelaria y Güímar en la realización de la citada auditoría.

TERCERO.- Adoptar las medidas necesarias desde el planeamiento urbanístico para que los usos industriales futuros vayan enfocados hacia las nuevas tecnologías y hacia las energías renovables menos contaminantes.

MOTIVOS PARA OPONERNOS AL COLEGIO PRIVADO-CONCERTADO DEL CARRETÓN

1 La Educación Pública es un derecho constitucional y Patrimonio Nacional irrenunciable
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Como exalumnas y exalumnos de la Educación Pública, la defendemos como un patrimonio nacional irrenunciable, construido con el enorme esfuerzo y dedicación de las generaciones anteriores que entendieron que la educación pública no es la de unos pocos, sino el espejo de toda una sociedad. Reivindicamos el decisivo papel que la Educación Pública ha tenido en la construcción de la España que disfrutamos hoy: democrática, plural y moderna. Personas crecidas y formadas en los colegios, institutos y universidades públicos desplegamos hoy nuestra actividad profesional en los más diversos ámbitos -científico, económico, cultural, social- tanto dentro como fuera de España. No olvidamos de dónde venimos.

2 La Educación Pública es factor de cohesión social, favorece la igualdad de oportunidades e integra la diversidad
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Como alumnas y alumnos de la Educación Pública reivindicamos un espacio común en el que con independencia de nuestra procedencia cultural y geográfica, nuestras creencias, etc. podamos tener las mismas condiciones de acceso al saber, al aprendizaje científico, cultural y artístico, y en el que podamos educarnos como ciudadanos de un mundo plural y mestizo como ha de ser inevitablemente el nuestro del que seremos, también, responsables.

3 La Educación Pública es calidad. No aceptamos que se deteriore, sino que se trabaje para mejorarla desde todos los estamentos.

Como madres y padres reclamamos para nuestras hijas e hijos centros educativos públicos de calidad, en los que todos puedan ser escolarizados en las mejores condiciones cualquiera que sea su punto de partida, donde el más vulnerable de nuestros hijos reciba el mismo apoyo y la misma dedicación que aquel a quien el azar haya proporcionado mayores ventajas.

4 La Educación Pública no es un negocio.

Como maestras y maestros, como profesorado de las diferentes etapas del sistema educativo, defendemos la Educación Pública como un derecho fundamental del ser humano. Ella es la garantía de una sociedad libre, igualitaria y cohesionada, y no podemos consentir que criterios de rentabilidad económica o adoctrinamiento de cualquier signo amenacen estos pilares esenciales de la vida en democracia.

Por todo ello, alumn@s, exalumn@s, padres y madres, docentes y ciudadan@s en general, elevamos nuestra voz en defensa de la Educación Pública. Y llamamos a nuestr@s conciudadan@s a salir también en su defensa, en primera persona, orgullos@s de la formación académica y humana que hemos recibido en las aulas de sus colegios, institutos y universidades.