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jueves, 13 de febrero de 2014

IZQUIERDA UNIDA EN ARAFO CONSIGUE SACAR ADELANTE UNA MOCIÓN SOLICITANDO LA RETIRADA DEL PROYECTO DE LEY DEL PP SOBRE EL ABORTO.

La moción fue respalda por todos los concejales, incluidos cuatro concejales del PP, con al excepción del Alcalde (José Juan Lemes), del Teniente Alcalde (Rosendo Batista) y la presidenta de Nuevas Generaciones de Tenerife (Tamara del Pino). Con esta votación también ha quedado claro quien sitúa la obediencia ciega al partido en busca de mantener sus cargos, por encima de los derechos de la mujer. La moción aprobada manifiesta el rechazo del Pleno del Ayuntamiento de Arafo al Anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada aprobado por el Consejo de Ministros/as porque restringe derechos fundamentales de las mujeres, solicitando su retirada inmediata. Asimismo se recoge el posicionamiento del Pleno de la Corporación a favor de que cualquier reforma que se haga sobre Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, esté encaminada a ampliar los derechos que son fundamentales y específicos de las mujeres, de forma que las mujeres puedan decidir en sobre si quieren o no ser madres. Por último se recoge un llamamiento, a la sociedad en su conjunto, a la movilización y la denuncia en contra de la restrictiva reforma del aborto del Partido Popular y por la defensa de un Derecho al Aborto, libre, público, gratuito y fuera del Código Penal. En Arafo, salvo por los que han quedado en minoría (Alcalde, Teniente Alcalde y la concejal Tamara del Pino), presos de los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios, ha quedado claro que el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad, no se puede enmarcar en un debate ajeno a la libre decisión de las mujeres. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, a la libre decisión de las mujeres: sin interferencias, sin condicionantes, sin tutelas, ni penalizaciones, es un Derecho Fundamental.

lunes, 3 de febrero de 2014

MOCIÓN SOLICITANDO LA RETIRADA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONCEBIDO Y DE LA MUJER EMBARAZADA DEL PARTIDO POPULAR.

El derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad, no se puede enmarcar en un debate ajeno a la libre decisión de las mujeres. Es un derecho fundamental y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, a la libre decisión de las mujeres: sin interferencias, sin condicionantes, sin tutelas, ni penalizaciones, es un Derecho Fundamental. En 1985, en nuestro país, se produjo una despenalización parcial y tuvieron que pasar 25 años, hasta 2010, para una reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo algo más avanzada, pero aún con muchas limitaciones. Ahora el PP plantea un Anteproyecto restrictivo y retrógrado que vulnera derechos y libertades de las mujeres en relación a su capacidad de decisión sobre su maternidad. Frente a ello es necesario una ley: • que contemple la prevención contra los embarazos no deseados con una educación sexual que recorra todos los estadios educativos, con perspectiva de género. • que permita a las mujeres interrumpir su embarazo por las razones que desee, sin restricciones y sin tutelas en la sanidad pública. • que regule la objeción de conciencia para que ésta no sea una coartada de la clase sanitaria más reaccionaria; • que elimine el aborto voluntario del código penal tanto para las mujeres como para las y los profesionales sanitarios que lo practican. • que incluya la cobertura de la totalidad de los métodos anticonceptivos por la sanidad pública • en la que no sea necesario de consentimiento materno/paterno para las jóvenes de 16 a18 años, etc. • que incorpore incorporar la formación en salud sexual y reproductiva, tanto en el ámbito sanitario como en el educativo. • que garantice la preparación del conjunto de profesionales para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo y que ésta se incluya en las carreras de medicina, enfermería y otras profesiones sociosanitarias. • que no cuestione la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su vida, sino que potencie su autonomía, • que incluya un protocolo común para la práctica del la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Sistema Nacional de Salud. Por todo ello, proponemos al Pleno que adopte los siguientes ACUERDOS: 1.- El rechazo del Anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada aprobado por el Consejo de Ministros/as porque restringe derechos fundamentales de las mujeres, solicitando su retirada inmediata. 2.- El posicionamiento a favor de que cualquier reforma que se haga sobre Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, esté encaminada a ampliar los derechos que son fundamentales y específicos de las mujeres, de forma que las mujeres puedan decidir en sobre si quieren o no ser madres. 3.- Hacemos un llamamiento, a la sociedad en su conjunto, a la movilización y la denuncia en contra de la restrictiva reforma del aborto del Partido Popular y por la defensa de un Derecho al Aborto, libre, público, gratuito y fuera del Código Penal.

CONTRA LAS ACTUACIONES POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS TENDENTES A LA UBICACIÓN DE UNA CENTRAL ELÉCTRICA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DEL VALLE DE GÜÍMAR.

Ante el reciente debate surgido en el municipio de Candelaria sobre la posible ubicación de la subestación eléctrica y la central de ciclo combinado para producción eléctrica con fuel-gas en el polígono industrial del Valle de Güímar, queremos dejar clara nuestra profunda oposición a su instalación en el citado polígono. El Valle de Güímar debe permanecer unido en el rechazo de estas instalaciones, entre otros motivos por la densidad y cercanía de la población a las mismas. Debemos recordar que ya el documento de objetivos y criterios y el Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General de Arafo, intentó recoger (ficha nº 23, pág. 149 del informe de sostenibilidad ambiental), la posible ubicación de una central eléctrica en el municipio de Arafo. El citado informe señala que el efecto sobre el medioambiente de Arafo es de carácter “severo”, especificando que la afección sobre los ecosistemas marinos, la calidad de la atmósfera por la emisión de gases, el ruido y las vibraciones y la generación de residuos por la emisión de aceites de refrigeración y cenizas será “alto, directo, de carácter continuo, acumulable” y “periódico”. Además en su efecto más negativo como es la emisión de gases y el deterioro de la atmósfera se considera de carácter “irreversible” por que a los humos habrá que añadir las cenizas y partículas sólidas en suspensión. No queremos en nuestro pueblo la subestación ni ninguna otra instalación como preámbulo para albergar una Central térmica. Son varios los estudios publicados sobre los efectos negativos de estas centrales . El ozono troposférico es un problema cuando se provoca un aumento de su concentración por medios artificiales. Al aumentar su concentración, el ozono se convierte en un contaminante que afecta a la salud de las personas. Pero, el ozono no sólo es perjudicial para los ciudadanos, también lo es para el resto de los seres vivos. Por ejemplo, es altamente tóxico para las plantas. Afecta a las paredes celulares, disminuye la actividad fotosintética y perjudica su crecimiento, provocando una disminución de la vegetación natural y de la producción agrícola. La orografía del terreno y la entrada de vientos alisios harían que toda la contaminación generada por la central eléctrica se concentre en una zona de medianías muy poblada y cerrada por las laderas del valle, potenciándose los efectos negativos. Tanto en este caso, como en otros que afectan a la sostenibilidad de la isla, hace falta mayor debate y la búsqueda de alternativas energéticas menos agresivas, junto al replanteamiento del modelo desarrollo que tenemos y al esfuerzo del conjunto de la sociedad para lograr una mayor eficiencia energética. En esta propuesta de rechazo, el pueblo de Arafo debe permanecer unido desde el consenso de todos sus representantes políticos en un asunto de interés general para el municipio y cuyos efectos negativos no solo serán para las actuales generaciones sino también para las futuras. Asimismo apelamos al consenso y a la unidad en una propuesta que se enfrenta a los grandes intereses de la industria eléctrica y de otras Administraciones dispuestas a sacrificar un pequeño municipio y a sus habitantes. El Pleno Municipal de Arafo adopta los siguientes ACUERDOS: Primero.- Rechazar la ubicación de centrales eléctricas e instalaciones complementarias como la subestación en el Valle de Güímar. Segundo.- Dar traslado de la presente moción a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias. Tercero.- Dar traslado de la presente moción a los municipios de Güímar y Candelaria. Cuarto.- Dar traslado de la presente moción a la entidad Unelco-Endesa y Red Eléctrica Española.

MOCIÓN PARA DECLARAR LA ILEGITIMIDAD DE UNA PARTE DE LA DEUDA DEL AYUNTAMIENTO.

El 30 de Agosto de 2011, en una fecha, como mínimo extraña para realizar una reforma constitucional de gran calado, tanto PSOE como PP, consagraron en el artículo 135 CE la estabilidad presupuestaria como el nuevo totem que supedita cualquier política pública a estrictos parámetros económicos, que alejan nuestra carta magna del objetivo consagrado en su artículo 1: que España es “un estado social y democrático de derecho…” definición que ahora queda relegada, por lo que a su significado social se refiere, en la imposición de un modelo de funcionamiento institucional, en donde se consagra con contundencia la obligatoriedad y prioridad para la administración, el pago de la deuda por encima de garantizar el bienestar de la ciudadanía. La deuda pública representa hoy uno de los principales problemas de la administración, especialmente la local. Ésta ha condicionado sustancialmente la calidad de vida de nuestros vecinos, fundamentalmente a través de las limitaciones e importantes devaluaciones en la prestación de los servicios públicos, que ya no pueden aportar el necesario reequilibrio social y económico en los territorios, así como, el imperativo cumplimiento de una legislación que obliga a las administraciones a convertirse en meras entidades deudoras de los poderes financieros. En Arafo esta previsto que en el 2014 se pague solo en intereses de los siete préstamos que aparecen en el presupuestos la cantidad de 289.465,69 €, incluidos más de 51000 € en intereses de demora. Junto a las amortizaciones, en este paquete de deuda pública se gastarán 1.099.410,67 €. No podemos permitir que el dinero que sale de los impuestos que pagan todos los vecinos, que debe ir destinado a la mejora de los servicios públicos, termine en los saldos de beneficios de la gran banca por intereses abusivos. Después de más de treinta años de democracia, las instituciones públicas son despojadas de su autonomía, de su capacidad de generar estructuras de bienestar que permitan minimizar las desigualdades sociales y son constreñidas a convertirse en meros apéndices de la sacrosanta banca, que ha pasado, a ocupar de facto, las Alcaldías de nuestros municipios. El “austericidio constitucionalizado” al que asistimos, hace que los programas municipales que podrían minimizar los efectos de la crisis, sean orillados en pos del interés crediticio que han sido obligadas a contraer las administraciones a raíz del Plan de Pago de Proveedores. Abordar el pago a proveedores era necesario, pero se aborda de la peor forma posible para los intereses de los Ayuntamientos y de la ciudadanía, que son denostados en beneficio del sector bancario: mientras el gobierno central inyecta liquidez a la banca, a un interés inferior al 1%, dichas entidades, traducen los créditos a las administraciones públicas a través de la aplicación abusiva de intereses superiores al 5%. Por tanto, el Estado está prestando a un tipo inferior, cargando los intereses de su endeudamiento, como gastos financieros que forman parte del déficit público, desviando recursos de aspectos más necesarios (sanidad, educación…) y justificando las políticas de recortes por déficit excesivo. Se produce por tanto una transferencia sin contraprestación hacia el sector bancario. Asistimos, por tanto al desmantelamiento de los servicios públicos a través del estrangulamiento económico de las administraciones, mediante el uso del concepto de “deuda” como único paradigma de análisis y como nueva herramienta de autoritarismo. Deuda, que por otro lado, ha sido contraída sin condiciones objetivas de libertad de elección, contemplada en condiciones preestablecidas y sin capacidad de negociación con distintas entidades financieras. Tradicionalmente, numerosa doctrina de Derecho internacional ha denunciado como deuda ilegítima u odiosa, la deuda externa de un gobierno contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos, reconociendo que no tiene porque ser pagada y por tanto no es exigible su devolución. En este sentido, la Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en sesión de 5 de julio de 2012 “Recuerda que todo Estado tiene la responsabilidad primordial de promover el desarrollo económico, social y cultural de la población y, a tal efecto, tiene el derecho y la obligación de elegir sus objetivos y medios de desarrollo y no debe verse condicionado por fórmulas específicas de política económica externas “y” Afirma que, desde el punto de vista de los derechos humanos, la liquidación de deuda con fondos oportunistas en condiciones abusivas tiene un efecto negativo directo en la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales“. Tanto por parte de instituciones internacionales como por diversos movimientos sociales, está siendo consensuado reconocer como causa de ilegitimidad de la deuda el hecho de utilizar mecanismos políticos y económicos que faciliten de forma deliberada el aumento de la deuda o las decisiones políticas que aumentan este en contra del interés general de la población. En este sentido, hay que destacar el trabajo de denuncia que está siendo desarrollado por la Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), que expone la existencia de claros indicios de ilegitimidad en la generación de deuda que el Gobierno español, junto con la UE o los gobiernos autonómicos y locales, están utilizando como justificación para aplicar sus políticas de austeridad. Desde IU creemos que la única deuda pública legítima es aquella que sirve para equilibrar las cuentas de la Administración del Estado respecto de las operaciones propias de la actividad del Estado (Justicia, Servicios Generales, Seguridad, Sanidad, Educación, prestaciones sociales, infraestructuras…) y que no debe recurrirse al endeudamiento para otros fines, pues este uso “ilegítimo” de la deuda, en la actual “crisis de deuda”, dificulta el acceso al crédito del Estado, hace aumentar los tipos de interés, aumenta, vía gastos financieros, el déficit público y facilita la justificación de los agentes neoliberales para los recortes al Estado de Bienestar. Por todo ello, proponemos al Pleno que adopte los siguientes ACUERDOS: 1º- El Pleno insta al gobierno municipal a cuantificar la cifra total de estos intereses y a emprender las acciones legales necesarias ante la justicia española, europea e internacional para lograr la nulidad de esta deuda ilegítima. 2º.- Instamos al Gobierno municipal que se sume a la iniciativa de la PACD, para proponer la realización de una Auditoría Ciudadana de la Deuda, auditoría que nos permitirá evidenciar la ilegitimidad de esta deuda y tener a la vez más fuerza para exigir el cambio en el modelo económico y social, así como recuperar la soberanía de los pueblos y renunciar al pago de deuda ilegítima.